LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTíA INTERNACIONAL EN INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS
Este miércoles, Amnistía Internacional Chile presentó el informe anual de 2023 sobre el estado de los derechos humanos de 155 países. El trabajo, de 491 páginas, alerta sobre “el auge en prácticas autoritarias” y aborda de manera crítica la situación en zonas donde se están desarrollando conflictos bélicos, como en Medio Oriente y en Ucrania.
En el prefacio del informe, la secretaria general de la organización Agnès Callamard señala que “en 2023, el centro de investigación de ciencia política V-Dem concluyó que el número de personas que viven en democracias (definidas en términos generales como países en los que hay Estado de derecho, controles del poder legislativo y el judicial sobre el ejecutivo y respeto por las libertades civiles) había retrocedido a los niveles de 1985, es decir, a niveles anteriores a la caída del Muro de Berlín, la excarcelación de Nelson Mandela y el final de la Guerra Fría”.
Continuando con su balance histórico, agrega: “En 2023 nuestra metafórica máquina del tiempo también nos llevó a un momento muy anterior a 1985, en un descenso a los infiernos cuyas puertas habían sido cerradas a cal y canto en 1948. El mundo dijo entonces “nunca más” tras una guerra mundial en la que habían muerto 55 millones de civiles, cuando se enfrentó al atroz horror del Holocausto, en el que fueron exterminadas seis millones de personas judías y millones de otras más”.
Puntualizando en lo que es el conflicto en la Franja de Gaza, señala: “Tras los atroces crímenes perpetrados por Hamás el 7 de octubre, en los que murieron más de 1.000 persona —la mayoría civiles israelíes—, resultaron heridas miles más y unas 245 fueron tomadas como rehenes o cautivas, Israel inició una campaña de venganza que se convirtió en un castigo colectivo. Una campaña de bombardeos deliberados e indiscriminados contra la población civil e infraestructuras de carácter civil, de negación de ayuda humanitaria, y de hambruna programada”. En ese sentido señalaron que al acabar 2023, un total de 21.600 palestinos y palestinas, la mayoría civiles, habían muerto en “el implacable bombardeo de Gaza”.
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Respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, en el trabajo se afirma que la invasión rusa “constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y menoscaba el Estado de derecho internacional”. “Rusia cometió numerosas violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania, aunque su invasión estaba en gran medida estancada”, dice el informe. En otro párrafo se se refiere a la libertad de comunicación en ese país. “Se reprimió con dureza toda forma de crítica a las autoridades”.
En ese sentido, el trabajo concluye que “gobiernos poderosos arrastran a la humanidad hacia una era carente de Estado de derecho de ámbito internacional y efectivo, en la que es la población civil la que más alto precio paga en los conflictos”.
Inteligencia artificial
En otro punto, el organismo pone el acento en la creciente irrupción de la Inteligencia artificial, alertando que podría generar discriminación. “En 2023, el lanzamiento —mucho antes de lo previsto— de ChatGPT-4 y otras herramientas de IA generativa nos propulsó aún más rápido hacia el futuro. A tenor de los abusos relacionados con la tecnología de los que hemos sido testigos en 2023, nuestras perspectivas de futuro son realmente escalofriantes”.
“La tecnología está facilitando una erosión generalizada de los derechos al perpetuar políticas racistas, permitir la difusión de desinformación y restringir la libertad de expresión”, dice Callamard.
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En detalle, la secretaria general de la organización hace hincapié en el reconocimiento facial que se puede utilizar con esta tecnología y el uso que se le dé. “En 2023, los Estados recurrieron cada vez más a las tecnologías de reconocimiento facial como apoyo a la labor policial en protestas públicas, en eventos deportivos y contra las comunidades marginadas en general y las personas migrantes y refugiadas en particular. Se recurrió a tecnologías abusivas para la gestión de la migración y la vigilancia de fronteras, como tecnologías de externalización de los controles de entrada al territorio, software de análisis de datos, tecnología biométrica y sistemas algorítmicos de toma de decisiones”.
En ese sentido, continúa: “A pesar de que desde hace años hay pruebas de que permite la violación de los derechos humanos, el software espía sigue careciendo prácticamente de regulación. En 2023, Amnistía Internacional desveló que el software espía Pegasus se había utilizado contra periodistas y activistas de la sociedad civil en Armenia, India, República Dominicana y Serbia, mientras que empresas radicadas en la UE vendieron software espía a países de todo el mundo. La respuesta del Parlamento Europeo fue aprobar —en noviembre de 2023—una resolución en la que se criticaba la falta de medidas para frenar los abusos del sector”.
“Sin embargo, si dejamos deambular libremente a tecnodelincuentes con sus tecnologías fraudulentas por el salvaje oeste digital, es probable que este tipo de violaciones de derechos humanos aumenten en 2024, un año electoral histórico. Es el pronóstico de un futuro que ya nos ha alcanzado”, se concluye sobre este punto.
Chile
El trabajo entrega un detalle país por país. En la página 150 aborda la situación de Chile. En esos párrafos se hace un recuento de varias situaciones, tanto judiciales como sociales, que alcanzan la competencia de los derechos humanos.
El trabajo puntualiza que “la legislación incrementó la protección de la policía. Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019. (...) Se seguían aplicando medidas discriminatorias a la población refugiada y migrante, y se obstaculizaba su acceso a la protección internacional. Continuaban vulnerándose los derechos de las personas LGBTI, los pueblos indígenas y las mujeres. La postura de Chile sobre los nuevos proyectos mineros resultaba incoherente”.
En detalle, sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social de 2019, se señala que, según la Fiscalía Nacional de Chile, “hasta diciembre solamente se habían presentado cargos en127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo, con un resultado de 38 sentencias condenatorias y17 absolutorias”.
Por último, respecto a la violencia de género, se afirma: “Las mujeres de Chile seguían viéndose afectadas por la violencia basada en el género. Seguía pendiente de aprobación en el Congreso un proyecto de ley para avanzar hacia la adopción de un enfoque integral para abordar la violencia contra las mujeres”.
Venezuela
Otro de los países donde Amnistía dedica varios puntos relativos a los derechos humanos es Venezuela. A modo de resumen, se introduce: “La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales”.
Por otro lado, se señala que “quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto”.
Respecto a detenciones arbitrarias se señala: “Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad. Según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias”.
Además, se afirmó que continuaba la represión política a la disidencia. “La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue al parecer inhabilitada para presentarse a la presidencia en las elecciones que iban a celebrarse posteriormente”.
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