Ante la crisis de seguridad que atraviesa la Región Metropolitana, los alcaldes de diversas comunas optaron por dar un paso adelante y tomar la delantera realizando reuniones de urgencia y encuentros con el gobierno para tratar la materia. Una de ellas es la máxima autoridad de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (Ind.), quien al término de la jornada de este jueves se encontraba gestionando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, una reunión de alcaldes para plantear una propuesta concreta para el abordaje de la problemática.
En detalle, la idea que la edil quiere plantear apunta a que el despliegue militar y la utilización de toques de queda no sería lo más pertinente para sobrellevar la ola de violencia en la capital y más bien propone una “medida intermedia” que involucra a grandes rasgos un estado de sitio, utilizando algunas herramientas militares para investigaciones del Ministerio Público, y la realización de operativos en sectores críticos con helicópteros y carros blindados que disponga el Ejército.
La propuesta, detalla la alcaldesa, no es nueva y la ha puesto sobre la mesa en instancias con otros municipios, el mismo gobierno, el Ministerio Público y las fuerzas policiales. Y ahora, desatada una nueva crisis, la edil de Peñalolén ha socializado desde hace algunos días su idea a distintos actores claves en materia de seguridad, así como alcaldes y varios telefonazos con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind).
“Cuando es decretado un estado de excepción todo el mundo tiende a pensar en el toque de queda o que los militares estén en la calle, pero hay un tema intermedio que permite habilitar a los militares a intervenir en ciertas situaciones. A partir de eso surge esta idea”, dice Leitao.
En tal sentido, la edil ejemplifica cómo su propuesta se podría desarrollar: “Cuando la Policía de Investigaciones (PDI) quiere desarrollar una investigación nos piden a los municipios nuestros drones cuando ellos no tienen. Si Carabineros tiene que hacer un procedimiento, quieren patrullar y no tienen vehículos se suben a los automóviles municipales. Entonces, por qué los militares no van a poder colaborar en algo tan importante como es el combate al crimen organizado”.
Según señala, los elementos que tienen en su dominio el Ejército -helicópteros, carros blindado, métodos de rastreo o comunicación- son útiles para hacerle frente a los tipos de delitos que se han evidenciado en los últimos años. Todo esto serviría, asegura, para combatir “un crimen organizado que funciona de alguna manera de forma militarizada y que no podemos enfrentar solo con herramientas del ámbito policial”.
Por eso, agrega que dentro de la propuesta es clave también la participación de los efectivos militares para el manejo de sus propias herramientas. “Los instrumentos que el Ejército ocupa tienen que ser operados por ellos mismos. Por ejemplo, si vas a sacar un dron o un helicóptero, el que los pilotea debe ser contingente militar y la policía lo acompaña. Porque además eso ayuda a no ocupar más personal (de Carabineros) y disponer de mayor cantidad en trabajo operativos”, dice.
Todas estas medidas van sujetas a una coordinación que, según la idea que está barajando la alcaldesa, estarían a cargo del Ministerio Público, con la premisa de que estas herramientas con las que dispone la institución castrense sean a solicitud de un fiscal y coordinadas en base a las indagatorias que se estén llevando a cabo.
“Esto se hace a través de una investigación policial que está guiada por alguien, en este caso, los fiscales. Debería ser una coordinación con el Ministerio Público, en el sentido que son quienes ordenan qué es lo que se va a hacer, donde los persecutores levantan una necesidad, como de drones o la intercepción de las comunicaciones de una banda de narcotráfico. Es decir, trabajar coordinadamente con otra institución que facilite esto”, cierra.
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