GOBIERNO DE PERú ENVIARá COMISIóN A LA HAYA PARA DEFENDER A BOLUARTE ANTE CORTE PENAL INTERNACIONAL POR PRESUNTA VIOLACIóN DE DD.HH.
El gobierno de Perú enviará a juristas de alto nivel para defender ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, a la presidenta Dina Boluarte de las acusaciones de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
La información la entregó Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que “estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita”, según reporta el diario limeño ‘La República’.
La demanda presentada ante la CPI por los organismos de derechos humanos sindica a la mandataria peruana a Dina Boluarte del intento de asesinato contra medio centenar de personas en el marco de las protestas contra el Gobierno ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, actualmente cumpliendo prisión preventiva por instigar un supuesto golpe de Estado.
Lo expuesto por la entidaddes de DD.HH. ante la Corte Penal Internacional se fundamenta en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación respaldadas en informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el medio peruano consigna que el ministro Adrianzén consideró que la demanda no prosperaría: “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos. (…) La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”.
Finalmente, Aprodeh y FIDH se reunieron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para presentar las evidencias de los presuntos asesinatos e intentos del mismo durante las protestas, en el marco de la represión de las fuerzas del orden ejercidas por el Gobierno de Dina Boluarte contra los manifestantes. Acusan que los militares y policías hicieron uso desproporcionado de la fuerza, en su mayoría contra “hombres jóvenes e indígenas”.
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