CASO PRIMUS: CORTE SUPREMA ACOGE RECURSO DE AMPARO DE EXGERENTE GENERAL Y ANULA ORDEN DE DETENCIóN
La Corte Suprema acogió el recurso de amparo que interpuso el exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, detenido desde el pasado 12 de abril en la ciudad de Pucallpa, Perú. Esto, luego que el ejecutivo no se presentara a la audiencia de formalización ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el que el Ministerio Público le comunicaría que estaba siendo investigado por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, lavado de activos, espionaje y acceso ilícito a sistemas informáticos.
Coeymans presentó un certificado médico emitido por un doctor peruano en el que le ordenaba reposo y aislamiento durante el lapso de siete días, debido a estar contagiado por Covid. Sin embargo, la magistrada Mariana Leyton del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, restó credibilidad a dicho documento y dictó una orden de detención internacional en su contra.
El fallo del máximo tribunal del país revoca la sentencia del 22 de abril de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había desestimado el reclamo del ejecutivo. En aquella oportunidad, la sentencia de la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Elsa Barrientos, el ministro Alejandro Aguilar y la abogada Catalina Infante- descartó un actuar arbitrario en la decisión que ordenó la detención del imputado que actualmente se encuentra en Perú.
La Corte Suprema concluyó que “al haberse establecido en la audiencia realizada el 3 de abril pasado que el imputado Coeymans se encontraba en Perú, esto es, acreditada su ausencia, procedía que se solicitara la aplicación del procedimiento de extradición pasiva, en especial solicitar el Ministerio Público la formalización de la investigación en ausencia, debiendo debatirse en esa audiencia sobre la concurrencia de los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, para declarar su procedencia como también de medidas cautelares, lo que no aconteció, limitándose la juez de garantía a despachar una orden de detención conforme al artículo 127 inciso 1 del mismo cuerpo legal, en un caso que no era procedente, por cuanto el ordenamiento jurídico establece un procedimiento diferente”.
“Dado que el tribunal recurrido decretó la detención del amparado, fundado en su incomparecencia a la audiencia de formalización de la investigación, conforme al artículo 127, inciso 1°, del Código Procesal Penal, no obstante haber constatado que se encontraba ausente, esto es, fuera del país, sin reparar que eran aplicables las normas establecidas en los artículos 431 y siguientes del mencionado código, que se refieren precisamente a la situación en la que se encontraba el amparado, deviene el actuar de la juez de garantía en un procedimiento ilegal”, consignó la sentencia.
El fallo contó con los votos en contra del requerimiento del ministro suplente Juan Manuel Muñoz y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada. Mientras que los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus y el abogado integrante Eduardo Nelson Gandulfo, fueron partidarios de acoger el requerimiento de Coeymans.
Esta decisión de la Suprema viene a ser el primer triunfo de Francisco Coeymans desde que se inició este caso. Tras no presentarse a la audiencia de formalización, su equipo jurídico, encabezado por el abogado Juan Domingo Acosta, renunció a continuar con el patrocinio legal, y hoy su defensa es liderada por los abogados Manuel Guerra y Mario Vargas.
“La fiscalía tiene el deber de pedir a Perú dejar sin efecto su detención, la cual fue declarada ilegal. Lo han tenido preso casi un mes en virtud de una orden ilegal. Y hoy eso ha sido declarado así por la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de Chile”, explicó Guerra a Pulso La Tercera.
Sin embargo, otras fuentes ligadas al caso señalaron que este fallo de la Corte Suprema no altera la prisión preventiva dispuesta en Perú contra Coeymans, puesto que son los tribunales peruanos los que decretaron su detención, previa a la espera del pedido de extradición. Esa extradición será solicitada este viernes en la audiencia de formalización en ausencia fijada respecto del exgerente general de Primus.
En esa misma audiencia serán formalizados los otros tres imputados del caso: el abogado Antonio Guzmán; el exgerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quienes se presentaron al procedimiento por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales” cometidos entre enero de 2019 y junio de 2023.
Los hechos
Este caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.
El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente a un perito en documentología de los documentos, Luego contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y responsabilidades.
Según la denuncia penal, con “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.
A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto, luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente, la compañía, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima”, acotó la demanda.
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