Una de las principales definiciones de los contornos de una democracia es establecer con claridad quiénes son titulares de los derechos políticos, y quiénes no, y por qué. En suma, se trata de configurar la forma exacta de la ciudadanía, lo que siempre conlleva importantes decisiones que terminan configurando el mapa político, geopolítico e ideológico de una República.
Eso es -y no otra cosa- lo que está en juego, ahora cuando se debate la arista de los derechos políticos de los migrantes, y cuando Chile pasó en los últimos años a ser un receptor de migración masiva, a diferencia de lo que pasaba en los 80, cuando se creó la norma constitucional que les ofreció derecho a voto a los migrantes avecindados en Chile por más de cinco años.
Hoy el debate, como todo últimamente en el país, se centra en un matiz, o vía oblicua, que es si las multas por no votar deben ser solo para ‘ciudadanos’ o para todos los ‘electores’, distinción que pone en entredicho la obligatoriedad para los votantes extranjeros, por la vía de las diferencias de sanciones.
Esto, en el contexto que definir un voto migrante obligatorio tiene un potencial alto impacto en los resultados de las elecciones venideras, pues la medida cambia radicalmente el universo de votantes efectivos. Ello, dado que los migrantes -de acuerdo con los últimos datos del Servel- suman 676.028 electores, en una curva de crecimiento exponencial, en la cual el principal factor es la incorporación masiva de votantes venezolanos.
A principios de junio advertimos de esta situación en la columna Migrantes, ¿el gran elector? con la información de base que hoy tiene al progresismo dando vueltas en círculos, pues -aunque lo nieguen- es de suponer que la comunidad venezolana es más afecta a la derecha, y podría terminar definiendo las mayorías.
En ese escenario, surge una doble hipocresía por parte de la izquierda.
Por un lado, este sector disfraza su oposición a la obligatoriedad del voto migrante como un acto de caridad, dado el perjuicio económico que conllevaría la medida a estas comunidades, las que suelen ser más vulnerables, eludiendo el fondo del debate, que no es otro que reconocer el impacto geopolítico y de seguridad nacional de un voto migrante masivo.
Por otro lado, se contravienen el espíritu mismo de la campaña de Gabriel Boric -la cual se comprometió a “una real inclusión y reconocimiento de las personas migrantes”-, y décadas de identidad latinoamericanista del sector.
La derecha, en una ecuación perfecta, también es hipócrita dos veces.
Por un lado, al igual que la izquierda, ese sector argumenta razones jurídicas, pero con la calculadora en la mano, en la que se cuentan los cinco años de Cúcuta, cuando abrieron las puertas de Chile de par en par a los venezolanos descontentos con Nicolás Maduro, que es el tiempo justo para que esa avalancha de migrantes pueda votar en Chile.
Por el otro, la derecha aparece ahora defensora de la expansión del poder político migrante, cuando -al mismo tiempo- enarbola un discurso durísimo contra los extranjeros, criminalizando y asociado la migración a los problemas de seguridad.
En suma, no hay nadie pensando en el largo plazo y los contornos de la República, en una era de migración masiva mundial, sino en la elección de mañana. Razón por la cual, yo empezaría a pensar en cortar por lo sano, y reservar los el derecho a elegir y ser elegido solo para los chilenos, duela a quien le duela.
Por Cristóbal Osorio, abogado.
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