EL GIRO DE LA DIRECTORA DEL INDH QUE REVIVIó LOS PEORES FANTASMAS DE LA INSTITUCIóN

“Directora, usted tiene la vocería, pero quiero manifestar que estoy en contra de sus dichos en la última entrevista que dio”. El lunes 24 de junio, en la sesión de consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la consejera Constanza Valdés pidió la palabra y fue la primera en manifestar a la directora de la institución, Consuelo Contreras, su disconformidad.

La noche anterior, la mandamás del INDH -en Tolerancia Cero- había respondido varias preguntas de la contingencia, sobre todo lo que tenía que ver con la controvertida querella que presentó la institución por el presunto delito de tráfico de influencias en la polémica que envuelve al exministro Mario Desbordes y sus eventuales gestiones para favorecer la nominación de la magistrada María Teresa Letelier en la Corte Suprema.

En ese contexto, al final de la entrevista fue consultada por cuál era su opinión sobre la caracterización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

La pregunta hacía referencia al debate que en octubre de 2019 se tomó al INDH y que constantemente ha dividido a sus consejeros. Ante eso, Contreras sorprendió con su respuesta: “No hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos e instituciones del Estado, pero sí creo que fueron generalizadas”.

De esta forma, Contreras se sumaba a la opinión mayoritaria del INDH -de la cual siempre fue opositora- y se plegaba a la postura del exdirector Sergio Micco, quien negó la sistematicidad en reiteradas ocasiones. Una opinión audaz que le valió el escarnio público y que incluso derivó en su renuncia a la dirección de la institución. Tanto así que Contreras, junto a cuatro consejeros más, firmó una petición de renuncia por lo que acusaban era una “administración negligente” y se aseguraba la existencia de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

En el consejo del lunes, tras la interpelación de Valdés, el consejero Francisco Ugás también pidió la palabra. El abogado, cuentan quienes estuvieron presentes en la reunión, se sumó al reproche.

Reconstruyendo la voltereta

Desde octubre de 2019, el INDH se vio envuelto en una constante crisis de gobernanza interna. No solo tuvo que reaccionar y desplegarse a lo largo de todo Chile por los hechos ocurridos luego del 18-O, sino que también vivió el periodo más polarizado de su historia.

Parte de la división del INDH estuvo marcada por el tironeo constante en la determinación de si las violaciones a los derechos humanos del estallido social calificaban como un delito de lesa humanidad. La pelea no era trivial, ya que si el consejo estimaba que se acreditaba dicha caracterización, era su deber legal querellarse invocando ese tipo penal.

Determinar la existencia de ilícitos de lesa humanidad, siguiendo lo que establece el Estatuto de Roma y su símil en la normativa nacional con la Ley 20.357, implicaba saber si los hechos se cometieron “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Por eso, en reiteradas sesiones los consejeros de la época intercambiaron su impresión respecto de esos dos requisitos no copulativos: la generalidad y la sistematicidad.

En todas las actas del INDH se puede constatar que Contreras, con mayor o menor precisión, siempre estuvo del lado de los consejeros que defendían la postura que terminó siendo minoritaria, es decir, que sí había indicios que hacían a lo menos pertinente investigar la sistematicidad.

Fue en la sesión del 4 noviembre de 2019 cuando la actual directora dio la primera pista de su postura: “No podemos decir hoy que existen violaciones sistemáticas, pero no podemos cerrarnos a esa posibilidad, porque esa conclusión requiere mayor análisis”.

Mientras fue consejera bajo la dirección de Micco, fue crítica de su gestión y siempre se manifestó contraria a su postura: que las violaciones a los derechos humanos habían sido “graves y masivas”, pero no “sistemáticas”.

La oposición entre ambos consejeros fue una constante a lo largo de los años. En mayo de 2022 el asunto se volvió a reactivar. Esta vez, Micco intentó nuevamente que el consejo suscribiera una declaración en la cual se asegurara que no hubo sistematicidad.

Ante esa solicitud, Contreras manifestó sus reparos. “Me parece extraño que esté ese acuerdo sobre la mesa si no se ha hecho la discusión respecto de los documentos que se presentaron. No he logrado hacerme una convicción en el sentido de la declaración que propone el director. Es más, me cuesta creer que 400 traumas oculares hayan sido casuales, sobre todo con las comparaciones que hay a nivel internacional. Tiendo más bien a pensar que sí hay sistematicidad”, afirmó categóricamente en la sesión del 9 de mayo de 2022.

Una semana después, los consejeros se volvieron a reunir para tomar una decisión: querellarse o no por el delito de lesa humanidad. Por eso fue que todas las palabras se centraron en argumentar la existencia de la sistematicidad o la generalidad.

“En el caso chileno, los hechos se configuraron en el contexto de un ataque que fue tanto generalizado como sistemático respecto de parte importante de la población, ya sea porque se dieron en una misma ocasión o porque siguieron dándose en un espacio de tiempo con carácter permanente y recurrente”, opinó el exconsejero Yerko Ljubetic.

El militante frenteamplista argumentó la existencia de sistematicidad como parte de una “acción omisiva deliberada” por parte de los funcionarios policiales y militares. Luego intervino la exconsejera Margarita Romero: “En relación al carácter de generalizadas y sistemáticas de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre en adelante, el INDH cuenta con suficiente información que justifica esta afirmación”.

Al turno de Contreras, la actual directora dijo que suscribía ambas intervenciones. Luego agregó: “De acuerdo a como se califica en las leyes, debe tratarse de actos sistemáticos o generalizados, escala cuantitativa que involucra un gran número de víctimas. Que sean actos sistemáticos es el aspecto cualitativo, siendo actos que se llevan a cabo como resultado de una planificación de autoridades o agentes del Estado. En este sentido, en materia de derechos humanos, la planificación activa, la tolerancia, la inacción o la aquiescencia tienen el mismo valor”.

Ante la división del consejo, ese día se procedió a votar. Como era la tradición en ese momento, se impuso la mayoría de los consejeros Micco, Eduardo Saffirio, Cristián Pertuzé, Branislav Marelic, Sebastián Donoso y Carlos Frontaura. Por la minoría estuvieron Contreras, Romero, Ljubetic y Debbie Guerra.

Una directora cuestionada

Las palabras de la directora -quien descarta un giro en su opinión y dice que en mayo de 2022 ya expuso su posición- fueron recibidas con desconcierto por parte de algunos consejeros. Lo mismo pasó con los funcionarios, quienes quedaron en estado de alerta debido a las eventuales consecuencias en las causas que aún están abiertas.

Tanto así que Valdés incluso es partidaria de ir un paso más allá. “El debate debería haberse suscitado en el consejo y no por la televisión. Es importante avanzar en las deudas existentes sobre las violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, y respecto a esto podría reabrirse y discutirse la materia sobre la calificación de las violaciones y los deberes del Estado. Lo anterior, sobre todo con elementos nuevos que se han ido aportando, como condenas a agentes del Estado por apremios ilegítimos y tortura”, dice la consejera.

El tema escaló hasta las organizaciones de la sociedad civil. “Desde Amnistía Internacional compartimos que las violaciones de derechos humanos fueron graves y generalizadas. Creemos que las declaraciones del exdirector del INDH Sergio Micco fueron apresuradas y que, incluso en estos momentos, existen elementos que podrían llevar a concluir que las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas”, afirma el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos.

Una opinión más dura tiene el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta. El abogado, querellante en varias de las causas del 18-O, critica duramente el giro de Contreras, ya que, acusa, implica desconocer la existencia de “patrones represivos que se repiten en el tiempo” los cuales, según cifras del propio INDH, dejaron a 460 personas víctimas de trauma ocular.

“Lo que está haciendo Consuelo Contreras es una rendición ante quienes han criminalizado la protesta social y el estallido social. Está favoreciendo la impunidad, particularmente de las altas autoridades políticas y policiales que están en la mira de las investigaciones penales en curso”, comenta Margotta.

Lo que más preocupa al interior del INDH es que los dichos de Contreras revivan la crisis de gobernanza de los años anteriores. De hecho, fuentes del instituto comentan que la directora está cada vez más sola y suele tener resistencias en consejeras de su propio sector, como Valdés, la exsubsecretaria Haydée Oberreuter y la abogada Paula Salvo. Su base de apoyo se ha debilitado y se reduce, con matices, a los consejeros Ugás, la abogada Lieta Vivaldi y el abogado aimara Juan Carlos Cayo.

Incluso, las relaciones con los funcionarios no pasa por su mejor momento. La diferencia con el periodo de Micco, comentan desde el organismo, es que dado el contexto de cuestionamientos que vive el INDH -con la oposición amenazando con reducir su presupuesto- han optado por contener la crisis y evitar abrir más flancos. Por eso se explica, por ejemplo, que pasara desapercibido un paro de casi dos semanas que hubo en diciembre de 2023. Nadie quiere repetir escenarios como la toma del edificio del INDH -que se extendió por ocho meses-, en la cual la organización estudiantil ACES pedía justamente reconocer la sistematicidad.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del INDH, Soledad Molinet, confirma la molestia generada en los trabajadores. “Las declaraciones de la directora debilitan nuestra institucionalidad, porque desdibuja las violaciones a los DD.HH., transgrede a las víctimas y desconoce el trabajo que hemos hecho desplegándonos en las calles. Nosotros levantamos los testimonios y a lo menos apreciamos la sistematicidad en el uso de la escopeta antidisturbios”, dice la dirigenta.

Si bien al interior del INDH descartan que sus palabras interfieran en las causas abiertas -la de lesa humanidad y la de altos mandos, en la cual el organismo es querellante-, hay quienes creen que su intervención tiene la intencionalidad de “apuntalar” la investigación en la que están imputados el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y los generales (R) Mario Rozas y Diego Olate por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos.

Así lo cree el abogado Eduardo Riquelme. Si bien reconoce como “relevante” que se confirme la postura de Micco sobre la no sistematicidad, critica que Contreras insista en el punto de la “masividad, generalidad o la reiteración, que es la base de la imputación a los altos mandos”. Riquelme -defensor del exministro Gonzalo Blumel, el exsubsecretario Juan Francisco Galli y el exintendente Felipe Guevara en la arista de lesa humanidad- comenta que la directora debe “limitarse a los hechos” y “en lo que respecta a carabineros o militares con sentencias condenatorias ejecutoriadas, el grupo de víctimas es inferior a 40″.

“Considerando que los eventos de ataques y alteración grave del orden público se extendieron desde el 18 de octubre de 2019 hasta mediados de marzo de 2020, con menos de 40 víctimas no podemos hablar de masividad, generalidad o reiteración. Todo lo contrario, parece un número bastante acotado. Entonces, en caso alguno podría determinarse que esa es una situación de masividad o generalidad en los términos que se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia”, explica Riquelme.

Pero este no es el único flanco que enfrenta Contreras. En medio de la polémica generada por sus dichos se sumó un revés judicial, ya que finalmente la querella por tráfico de influencias que involucra a Desbordes fue declarada inadmisible, ya que la justicia consideró que el organismo no tenía legitimación activa para ingresarla.

Pese a la inadmisibilidad, el tribunal estimó que sí había indicios de delito y remitió la querella como denuncia al Ministerio Público. Debido a esto, Contreras enfrenta peticiones de renuncia por parte de parlamentarios de la oposición y una fuerte arremetida para que libere el audio de la sesión en que se aprobó -con la abstención de cuatro consejeros- la opción de querellarse, ya que se acusa que existió presión de la Fiscalía.

Sin embargo, Contreras no se dará por vencida y adelanta que el INDH recurrirá “a todos los mecanismos legales para revertir la decisión del tribunal, que no es conforme con múltiples resoluciones de tribunales que han reconocido la competencia amplia para presentar querellas por violaciones a los derechos humanos”.

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