EXILIADOS NICARAGüENSES EN UNA GIRA POR CHILE: “QUE UN MANDATARIO DE IZQUIERDA COMO BORIC LE DIGA DICTADOR A ORTEGA TIENE MUCHO PESO”
Entre los cientos de detractores del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que han sido forzados al exilio, un grupo de ellos ha aterrizado esta semana en Chile en medio de una gira por el sur de la región. Se han conformado en un movimiento político integrado por voces de centroizquierda y liberales, llamado Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde (CDN-M), para buscar apoyos en América Latina para una salida cívica.
En Santiago de Chile el grupo cuenta que ha sostenido encuentros con funcionarios de la Cancillería, dirigentes de partidos políticos, académicos y activistas, para conseguir respaldo a favor de los 141 presos políticos en Nicaragua.
Eliseo Núñez, abogado y secretario ejecutivo del CDN-M, dice a EL PÁIS que “una de las intenciones de Ortega es que, a través del desgaste, la comunidad internacional llegue al punto de concluir que en Nicaragua ya no hay nada por hacer. Pero nosotros creemos que existe una salida cívica, mediante la presión política internacional”.
Núñez se encuentra en Chile junto a dos exprisioneros políticos, Juan Sebastián Chamorro –quien en 2021 fue precandidato presidencial en Nicaragua– y a la activista feminista Tamara Dávila. Reconocen al Gobierno chileno como solidario con los exiliados, especialmente por ofrecer residencia y nacionalidad a 94 expatriados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, en febrero de 2023. “Le agradecemos todo lo que han hecho, especialmente por llamar dictador a Ortega porque, puede sonar trivial, pero que un mandatario de izquierda, como Boric, le diga dictador a Ortega tiene mucho peso, más del que tendría que lo diga alguien de derecha. Y decir las cosas por su nombre habla mucho de la honestidad”, señala Chamorro.
Boric se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la represión del régimen de Nicaragua, llamando dictador a Ortega, e instando a la comunidad internacional a condenar los abusos cometidos en el país centroamericano. Pero en América Latina no existe una postura unánime respecto a la deriva autoritaria de Ortega y Murillo.
Si bien algunos países como Chile han fijado una postura frontal en contra del mandatario sandinista, éste también cuenta con el respaldo de naciones como Venezuela y Cuba. En tanto, otros como México y Brasil permanecen neutrales. Estos últimos son clave –coinciden Núñez, Chamorro y su compañera Tamara Dávila–, porque podrían tener un papel como mediadores en una posible salida cívica.
Pero dentro de este movimiento también se sienten preocupados por la postura de un sector de la izquierda en Chile, como algunos militantes del Partido Comunista. “Sobre todo la vieja guardia, están con una concepción romántica de Ortega. Queremos que se informen mejor de los delitos [del régimen], que abran los ojos y vean que esto no es un asunto ideológico, porque muchos de los asesinados en nuestro país vienen de familias sandinistas. No se puede apañar, proteger, a un totalitarismo. Eso contrasta con la posición del presidente [Boric], que es más informada”, indica Chamorro.
Refuerza, en ese aspecto, que los Gobiernos de Boric y Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, especialmente en su segundo mandato, fueron consistentes en su actitud con respecto al régimen nicaragüense.
Prisión o exilio
Tamara Dávila, una activista política y feminista que estuvo detenida 20 meses en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua, fue desterrada de su nación en 2023, declarada apátrida y deportada a Estados Unidos, junto a otros 221 opositores. “Yo habría querido quedarme en mi país, pero fuimos expulsados”, relata.
Ella pertenecía a la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), nacida en 2018 para buscar una salida electoral. “Sabíamos que las elecciones iban a ser fraudulentas, pero queríamos hacer visible ese fraude y la pretensión de Ortega de anular por completo la vía electoral”, indica.
Dávila fue detenida en junio de 2021, para luego permanecer aislada en una celda con un tragaluz y donde sólo tenía contacto con sus interrogadores. Además, otras tres mujeres también estaban privadas de libertad por motivos políticos en la época en que ella fue encarcelada.
La activista recuerda que, antes de ser privada de su libertad, fue perseguida durante unos diez meses por agentes policiales, una práctica que, asegura, es común del régimen sandinista. El día de su arresto, Dávila fue golpeada por policías, mientras su hija de cuatro años, entonces, presenciaba la escena.
Al ser liberada, casi dos años después, no tuvo otra opción que salir del país, sin su hija, con quien logró reencontrarse un año y ocho meses después de ser separadas. En su exilio, Dávila se ha unido al directorio de la CDN-M bajo la convicción de que todos los procesos de diálogo para una transición democrática han estado cruzados por la acción de la comunidad internacional. “Entonces, claro que sigue siendo elemental el apoyo”, afirma.
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