LA FGR DESCARTA FINALMENTE QUE LOS RESTOS DEL BASURERO DE COCULA FUERAN DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

La Fiscalía General de la República (FGR) ha descartado finalmente que los restos óseos hallados hace casi 10 años en el basurero de Cocula sean de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa. Recogidos hace casi diez años, en las primeras semanas de las investigaciones, los restos nunca se analizaron porque los peritos de la misma dependencia consideraron que era poco factible obtener material genético de calidad, dada la degradación de los fragmentos. Del centenar largo de piezas recuperadas entonces y almacenadas hasta ahora, la FGR apenas ha podido obtener cinco perfiles genéticos. Ninguno de los cinco coincide con los 43.

Se cierra así una de las teorías conspirativas del caso Ayotzinapa, alimentada por la vieja administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que apuntaba a los restos óseos hallados en el basurero de Cocula y el río San Juan, escenarios centrales de la narrativa divulgada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), primer encargado de las pesquisas. Para los peritos de la vieja fiscalía, igual que para los especialistas de parte de las familias, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), no existía dilema alguno: de los restos que señalaba la CNDH era difícil sacar ADN nuclear. Y sin ADN nuclear, las identificaciones positivas no eran fiables.

Pasados los años, y pese a la decisión de sus antecesores, la FGR decidió sacar los huesos de las cajas e intentar una técnica algo controvertida, por la poca fiabilidad de los resultados. Se trataba de obtener ADN mitocondrial de los restos, en vez de ADN nuclear. Una vez conseguido, los peritos cruzarían esos perfiles con los de las familias de los 43. El problema es que el grado de certeza de la vía mitocondrial es inferior a la de la nuclear. Por ese motivo, cuando el mes pasado, las familias de los 43 supieron del propósito de la FGR, dijeron que no aceptarían resultados positivos obtenidos con esta técnica, menos aún basados en estudios en los que no había participado el EAAF.

Vistos los resultados, compartidos con las familias este martes en Palacio Nacional, la polémica queda en nada. Más allá de los huesos, madres y padres llegaban a un nuevo encuentro con las autoridades sin demasiadas expectativas. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, les recibía un mes después de la última reunión, un poco por inercia, para evitar el desgaste mediático que supondría una ruptura de la relación. A estas alturas, las reuniones entre una y otra parte generan más frustración que ilusiones. López Obrador acaba mandato el 30 de septiembre y, pese a los intentos de resolver el caso estos años, las pesquisas están en punto muerto.

La esperanza de las familias es que los trabajos continúen con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El mandatario se ha comprometido con ellos a convocar una reunión con Sheinbaum antes de su salida, el 29 de julio, ha dicho. Se ignora ahora mismo si la FGR mantendrá la unidad especial para el caso con el cambio de Gobierno, o si la nueva presidenta dará continuidad a los trabajos de la comisión presidencial que ha participado en las pesquisas estos años.

La reunión de este martes ha empezado, como otras, con la intervención del fiscal especial del caso, Rosendo Gómez. El fiscal ha informado del estado de los procesos contra los acusados y ha lamentado, igual que lo había hecho otras veces, que los primeros detenidos de las pesquisas, liberados por la tortura que sufrieron bajo los mandos de la vieja fiscalía, no enfrenten a la justicia. Para evitar esto, ha explicado a las familias, se han abierto nuevas investigaciones en contra de ellos, con el objetivo de detenerlos por delitos distintos de los que se les acusó hace diez años.

Después de Gómez ha intervenido Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Medina, presidente de la comisión presidencial que sigue el caso, ha explicado a las familias todo el entuerto de los restos óseos analizados. El funcionario ha argumentado que no pidieron que participara el EAAF por una cuestión de agilidad, según cuenta a EL PAÍS una persona que ha estado en la reunión. “Medina decía que si hubiesen sido positivos los perfiles, ahí hubiera intervenido el EAAF, para verificar”, explica.

Luego han intervenido dos familiares de los 43, que han expresado la misma molestia de hace meses, la negativa del Ejército a entregar una serie de documentos de espionaje sobre la red criminal que atacó a los estudiantes. Para las familias, estos documentos podrían contener pistas del paradero de los jóvenes. El Ejército y el mismo López Obrador han insistido en que los documentos solicitados no existen y dibujan un complot en su contra para hacer ver a los militares como los malos del caso.

Después de las familias le ha llegado el turno a López Obrador. El presidente ha informado de que el lunes publicará un documento en que relata este complot, una “respuesta a los señalamientos excesivos contra el Ejército”. La fuente mencionada arriba explica que el mandatario asume que hay dos canales de ataque contra la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso Ayotzinapa, uno, ideológico, “de personas que por su filiación política tienen una posición antiejército”, y otro, de “potencias hegemónicas que señalan al Ejército en un intento de debilitar a la institución”.

Para López Obrador, los ataques contra el Ejército en el marco del caso Ayotzinapa iniciaron con la publicación del libro de la periodista Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala, en 2016. La reportera acaba de publicar además un libro que vincula al mandatario y el cártel de Sinaloa, motivo por el que López Obrador no le tiene en demasiada estima.

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