MEJOR LE ECHAMOS LA CULPA AL PERRO

Esta semana, en una entrevista transmitida en cadena nacional por la red de radiodifusores del país y en medio de la conmoción provocada por el asesinato de tres carabineros en Cañete, al presidente de la República le preguntaron por un perro. El perro, que en vida se había ganado el mote de matapacos, y cuya imagen se popularizó en los días de la revuelta social, fue sacado a colación a propósito de la crisis de seguridad. No es primera vez que se le invoca. Cada tanto, ministros, dirigentes políticos y panelistas de izquierda son conminados a responder por su supuesta simpatía hacia este símbolo de las movilizaciones sociales de octubre de 2019. Así está la discusión pública.

Además de este, los ejemplos de desquicio en la política nacional son numerosos. Acá una pequeña muestra del último mes: un divulgador de la doctrina libertaria señala por televisión que en este país tienen que correr balas y sangre, envía saludos y felicitaciones a su amigo Javier Milei y anuncia que se prepara para ser presidente en ocho años más si es que nadie en ese lapso ha tenido los pantalones para poner orden en Chile. Un gobernador premiado por la defensa de los derechos humanos propone reabrir el debate sobre la pena de muerte. Los gremios empresariales llaman a evitar la polarización pero invitan a su encuentro anual más importante a Patricia Bullrich, que no es, hasta donde se sabe, una representante destacada de la moderación y los acuerdos. Una alcaldesa candidata a presidenta acusa a fiscales de perseguir a Carabineros. Un alcalde progresista solicita la colaboración de militares en su comuna. Un candidato a alcalde de derecha sostiene que no hay que sacar a los militares a la calle. Un suboficial de la Armada increpa públicamente al presidente. Dos comisiones de la Cámara de Diputados, en cuestión de días, proponen reponer la justicia militar y rechazan el criterio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, la prohibición de apuntar al rostro y de practicar torturas.

Estos tristes espectáculos, además de opacar los esfuerzos serios que desde el Estado y la sociedad se están realizando para avanzar en seguridad, no contribuyen a construir un clima de debate racional y responsable. Actitudes como las descritas pueden expresar distintos móviles y responder a realidades diversas, desde la búsqueda de réditos electorales a la ausencia de proyecto.

Parto por casa.

El impacto intelectual y moral de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 provocó en parte de la izquierda y el progresismo una asimilación acrítica de la reescritura que la derecha emprendió del proceso político reciente: los chilenos quieren volver al orden, rechazaron el espíritu refundacional del octubrismo, a la izquierda no le preocupa ni el crecimiento económico ni el desarrollo, este Gobierno no apoya a Carabineros, validó la violencia y tiene dos almas. El problema no es que la derecha instale estos contenidos, sino que sectores de la izquierda y el progresismo los hagan suyos y que busquen demostrar su preocupación por estos temas reproduciendo discursos y recetas de sus adversarios, en vez de empujar una mirada propia, articulada y de futuro. Esto ha sido particularmente grave desde la aprobación y promulgación exprés de la ley Naín-Retamal.

Siendo honestos, no es cierto que la izquierda y el progresismo carezcan de respuestas. A nivel latinoamericano, y también en Chile, en nuestras filas, e incluso entre sectores de derecha liberal y democrática (cuya existencia local está siempre en entredicho), hay enormes coincidencias en lo que se debe hacer para enfrentar estas problemáticas. No voy a resumir acá los sustantivos análisis y razonables propuestas que distintos actores con conocimiento suficiente han realizado en la materia. Solo me permito señalar que ya en estos años se han implementado enfoques de seguridad distintos a los inspirados en el populismo punitivo. Pensemos en los exitosos operativos que se han desarrollado en la región Metropolitana o en los resultados del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la fiscalía. Estas iniciativas, si bien todavía incipientes, demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera. Por lo mismo, se equivocan quienes piensan que a la izquierda “le hacen falta cojones” para implementar una “verdadera agenda de seguridad”. No es así. Si algo le ha faltado es mayor firmeza y convicción para mantenerse en una senda de responsabilidad y racionalidad.

Miremos ahora a la derecha. La forma en que diversos actores del sector se han planteado ante el problema de la seguridad, también es indicativa de sus propias tensiones. Repasemos algunos casos. El alcalde Carter ha hecho carrera desplegando medidas que rayan en lo absurdo. Evelyn Matthei, en busca de congraciarse con el electorado republicano, adopta elementos típicos de la ultraderecha como poner en duda la institucionalidad electoral. José Antonio Kast insiste en medidas copiadas a pesar de la abundante evidencia que las desaconseja. En el Congreso diputados de Chile Vamos, coalición que se autoproclama de centroderecha o de derecha democrática y que cuenta entre sus filas con un sector liberal, propone una batería de indicaciones que nos convertirían en un país de impunidad legalizada.

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un plan para socavar la democracia desde dentro? No se sabe. La derecha no parece tener un proyecto claro. Se articula más o menos bien para golpear al Gobierno y apelar a la mano dura, pero tanto en la discusión sobre seguridad, como en pensiones, educación y salud, anuncia contrarreformas sin propuestas constructivas o empuja iniciativas francamente lesivas para los ciudadanos, como mutualizar la deuda de las Isapres. Por otro lado, las alternativas que han hecho el amague de asomarse –la derecha no-pinochetista de Piñera, la derecha social de Ossandón, la derecha mesocrática que representa Desbordes o la derecha liberal que prometió Evópoli– no han logrado superar al ADN pinochetista y neoliberal de la mayoría del sector, que concibe el orden social básicamente como un retorno a la fuerza sin razón y al mercado sin límites. Por eso, José Antonio Kast, el mejor representante de ese proyecto, ha logrado arrastrar al conjunto hacia sus posiciones. Pero el pueblo de Chile, que ha demostrado ser más razonable de lo que se creía, no los acompañó en su última aventura.

Son tiempos poco propicios para elevar la calidad de la política, qué duda cabe, pero mientras algunos prefieren echarle la culpa al perro, cosechar likes en las redes y profitar de la crisis, la izquierda y el progresismo tenemos la tarea de conducir al país con eficacia, racionalidad y justicia. Ojalá no nos flaquee la fuerza de la razón.

Pierina Ferretti es socióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI 

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