POR RAZONES HUMANITARIAS: LOS OTROS INDULTOS OTORGADOS POR BORIC BAJO LA GESTIóN DE CORDERO
Si se concreta un indulto a Katty Hurtado se transformaría en el número 18 otorgado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Su excarcelación ha sido impulsada a través de gestiones transversales en el Congreso y desde el gabinete del Ejecutivo también hay figuras que están a favor de conceder el beneficio. Esto, porque se considera que Hurtado actuó en defensa propia a la hora de cometer el parricidio por el que fue condenada en 2018 a 20 años de prisión.
Si se confirma, la decisión se tomaría a contrapelo del ruido que pueda generar puertas adentro del gobierno el término “indulto”, que trae a la memoria una de las peores crisis que ha debido enfrentar esta administración.
En Palacio todavía pesan 12 beneficios otorgados en diciembre de 2022 por el Mandatario a presos del estallido, misma fecha en la que se firmó la excarcelación del exfrentista Jorge Mateluna.
El caso le jugó en contra a la agenda de seguridad que lideraba la ministra del Interior, Carolina Tohá, y selló los destinos de las hoy exautoridades del Ejecutivo Matías Meza-Lopehandía (entonces jefe de gabinete del Presidente) y Marcela Ríos (exministra de Justicia).
Esta última, además de los 13 indultos otorgados, también firmó otros dos documentos de excarcelación durante 2022. El primero fue a 12 días de haber asumido el gobierno, el 23 de marzo a Byron Soto Rojas, condenado por dos delitos de robo en lugar destinado a habitación. El segundo se selló el 25 de noviembre, para Hernán Núñez, sentenciado por robo con fuerza en lugar habitado (frustrado) y por arrojar piedras a vehículos en movimiento.
Soto falleció días después de recibir el indulto, el 3 de abril, tras padecer un cáncer terminal. El informe de Núñez, a su vez, daba cuenta de que “los antecedentes tenidos a la vista, particularmente aquellos relativos a su situación de salud, permiten, a juicio de esta autoridad, considerarlos favorablemente para la concesión del beneficio”.
El ritmo de los indultos presidenciales, sin embargo, cambió con la salida de Ríos de Justicia y la llegada del abogado Luis Cordero al ministerio. Con el experto en derecho administrativo se empleó solo uno de los criterios en la concesión de beneficios, quedando fuera, por ejemplo, los distintos casos de presos del estallido.
Así, desde el desembarco de Cordero en enero de 2023 solo se han entregado dos indultos, ambos por temas humanitarios vinculadas a fuertes complicaciones de salud -enfermedades terminales-. De hecho, tras salir de prisión, los dos beneficiados fallecieron.
La primera excarcelación fue firmada por el ministro de Justicia el 19 de mayo de 2023 y benefició a Javier Vargas Vargas.
Este último se encontraba cumpliendo penas por tres años y un día, además de una por 61 días, por los delitos de robo en bienes nacionales de uso público (frustrado) y porte de arma fuego y municiones.
94 días después de haber regresado a su hogar, el 21 de agosto, Vargas falleció. El indulto fue recomendado por Gendarmería en base a su “informe psicosocial”.
El segundo indulto de la era Cordero fue para Juan Ulloa Oliva, quien recibió el “perdón” el 27 de julio de 2023 y falleció en la madrugada del 23 de noviembre, tras padecer un paro cardiorrespiratorio y un tumor maligno del fundus gástrico.
Al momento de ser beneficiado, Ulloa se encontraba cumpliendo condena por ser el autor de los delitos de robo en lugar habitado (en grado de tentativo), robo en lugar no habitado (frustrado), receptación y robo en bienes nacionales de uso público. Según su causa, uno de los elementos sustraídos en sus actos delictivos fue un cilindro de gas en Rancagua.
La idea de los indultos humanitarios otorgados bajo la gestión de Luis Cordero es que cada uno de los excarcelados pueda pasar sus últimos días de vida con sus familias, indican desde el Ministerio de Justicia. Eso, sin embargo, no es nuevo, ya que se ha implementado en anteriores gobiernos como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Bajo esa lógica, al menos hasta fines del 2023 Cordero había denegado un total de 56 indultos, dos de ellos vinculados al estallido social, como el caso mediático de Mauricio Guajardo, joven de 22 años condenado por tres delitos de lanzamiento de artefacto incendiario: dos a una sucursal del Banco BCI y uno a un carro lanzaaguas de Carabineros, a inicios de 2020.
“En lo que a mí me ha correspondido en la materia, solo he otorgado dos por razones estrictamente humanitarias, circunstancias en las cuales las personas estaban en una situación terminal”, planteó el titular de Justicia por esas fechas.
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